Los propietarios podrán conocer los antecedentes de pago de sus inquilinos

Según anunció el gobierno el pasado miércoles, en próximos meses se creará un registro de sentencias en el que figurarán aquellas personas que hayan sido condenados por desahucio o por no cumplir con sus obligaciones de pago en un alquiler. De esta forma cualquier propietario físico o jurídico podrá acceder a la lista para conocer los antecedentes de pago de sus futuros inquilinos.

Esta es una de las 18 propuestas presentadas por el PP en el Congreso en el Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.

Para que los propietarios puedan acceder a esta información tendrán que presentar previamente una propuesta de contrato en la que tiene que irá identificado el futuro arrendatario para disponer de la información (aún no se sabe cuál) sobre el inquilino.

Según alega el Partido Popular no es una medida para poner en una “lista negra” a quienes dejen de pagar el alquiler a los propietarios, sino a quienes han obligado a esos a iniciar un proceso judicial por alargarse demasiado en el tiempo los impagos. De esta forma, los arrendatarios pueden tener una garantía de que sus arrendatarios no está condenados por no hacer frente a los pagos a los que están obligados. En caso de que una persona fuera condenada por este supuesto, quedaría inscrita en el registro de sentencias; el secretario judicial recogerá la información y se la proporcionará al propietario que la requiera.

No han tardado en pronunciarse los miembros del partido popular ante esta nueva ley que dicen, condenará a la indigencia a muchas familias impidiendo a las que han sido desahuciadas acceder a una nueva vivienda. Han presentado por ello 38 enmiendas parciales contrarias  la propuesta popular.

Esta nueva ley no crea sólo una lista de “morosos”, también establece obligaciones para los propietarios. En caso de venta, tendrán que avisar previamente a los arrendatarios, haciéndoles a ellos una propuesta inicial de negocio. En el caso de no llegar a un acuerdo, el dueño deberá avisar a los inquilinos con al menos 30 días de antelación sobre la venta de la vivienda. Así se evitarán situaciones como la de notificar la venta al inquilino cuando ésta ya se ha producido.

 

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