Un rumor que ya se ha convertido en filtración, proveniente del tambaleante ministerio de vivienda (en concreto de la antigua subdirección general de urbanismo), parece indicar que la actual administración va a lanzar un plan de choque (proyecto de ley) de la propiedad inmobiliaria en breve.

Para el común de los mortales, esto puede sonar a la misma cantinela de siempre, pero cuando se piensa en el verdadero trasfondo de la medida, uno se da cuenta de que tiene que ser una filtración fidedigna y de un calado sin precedentes en la historia reciente de nuestra democracia.

Este plan en líneas generales consistiría en nacionalizar de forma legal todo aquel suelo construido o sin construir, cuyo estado sea de abandono privado o administrativo y reconducirlo en actividades que promuevan una vivienda digna para el conjunto de ciudadanos. Esto incluye, construcción de viviendas de alquiler y compra protegidas como hasta ahora, pero con la importante particularidad (y este es realmente el jarro de agua fría) de que estas viviendas se regirán por un estatuto cooperativista siendo en ultima instancia el estado el único propietario del suelo habitado o utilizado para fines comerciales.

Este sistema ya funciona en algunos países nórdicos y europeos y provoca que el precio del m2 de las viviendas destinadas para alquiler o venta (en este caso en usufructo vitalicio del propietario) este muy por debajo de las cotas actuales de mercado.

Esta iniciativa se puso en marcha hace algunos años en Barcelona en forma de cooperativas de viviendas privadas sin darle demasiado bombo y platillo extendiéndose en los últimos tiempos a otras ciudades como Madrid.

Esto será un duro golpe para la industria del ladrillo, pero ya era hora de que nuestros políticos se dieran cuenta de que en este país el derecho a una vivienda digna ha sido violado a lo largo de los últimos años.