La Junta emplaza a promotores y bancos a aclarar las casas sin vender

La administración habilitará ayudas para comprar determinadas viviendas.

El mercado inmobiliario vive una gran paradoja. Hay un elevado número de viviendas sin vender, y numerosos segmentos de población que necesitan casa porque su poder adquisitivo no les ha permitido acceder al mercado. En tiempos de una crisis tan profunda como la que atraviesa ahora el sector, saber que hay oferta y demanda es hasta cierto punto una garantía porque señala una vía de salida. Se trata de conciliar los intereses de quienes tienen casa en venta y quienes la necesitan para vivir.

La Junta de Andalucía está dispuesta a facilitar ayudas o incentivos para la liquidación del stock de viviendas , pero lo primero es conocer la dimensión real de un fenómeno sobre el que existe mucha literatura pero pocos datos fiables.

Al objeto de elaborar un censo real de las viviendas sin vender, con sus características, condiciones, ubicación y precios, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio va a realizar una convocatoria pública a entidades financieras y promotores inmobiliarios para que las den a conocer. Y una vez que afloren, estudiar aquéllas que sean susceptibles de recibir ayudas y el tipo de éstas.Las estimaciones de las distintas organizaciones y colectivos relacionados con el sector inmobiliario cifran un stock de viviendas no vendidas en Andalucía de entre 140.000 y 200.000 unidades, pero se consulte a quien se consulte reconoce falta de rigor en el cálculo y que se trata de números que “se dan por buenos”.

Por ejemplo, cuando se habla de viviendas invendidas de forma genérica se incluyen en el mismo lote desde casas acabadas que llevan un tiempo sin comprador hasta proyectos que han sido visados por los colegios de arquitectos, pero cuya construcción ni siquiera se ha iniciado por falta de financiación u otro motivo, cuando no también las de segunda mano.

Posiblemente, las cifras reales sean mucho más bajas. Según la Consejería de Vivienda, las entidades financieras reconocen ser titulares de no más de 3.000 viviendas construidas sin vender.

Una de las medidas que ya ofreció la Junta a los promotores hace un año para dar salida a las casas es que bajaran los precios y acomodaran sus características para ser reconvertidas en VPO. Hasta el momento, las inmobiliarias han solicitado la recalificación de 3.879 casas en VPO, de las que 1.784 ya han obtenido la calificación definitiva.

Ahora la Junta contempla nuevas medidas de apoyo para la venta de viviendas libres, y así lo comunicó ayer el consejero de ramo, Juan Espadas, a los agentes sociales en la reunión celebrada ayer para la concertación social. La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, destacó que las medidas tienen por objeto “favorecer la aplicación de la Ley de Derecho a la Vivienda, dar salida al parque de viviendas construidas, e impulsar el sector de la construcción en el ámbito de la VPO”.

La consejería de Vivienda matiza que las medidas no se conciben con el fin de liquidar el parque de viviendas invendidas, sino de utilizarlo para dar respuesta a la necesidad de vivienda, por lo que todo el programa que se arbitre estará contemplado desde el punto de vista del comprador. “Hay una horquilla que jamás podrá ser susceptible de rescate público, como las viviendas de segunda residencia con calidades lujosas y precios desorbitados”, afirmó ayer un portavoz de la consejería, que insistió en que el objetivo último es facilitar el cumplimiento del derecho a la vivienda que consagrará la ley que iniciará ahora su tramitación parlamentaria tras la aprobación el martes por el Consejo de Gobierno.

Las posibles medidas a arbitrar son la adaptación de más viviendas libres a VPO, para lo que no se descarta una ampliación de la tipología de viviendas protegidas, o el diseño de instrumentos que permitan aligerar las cargas financieras a los adquirentes los primeros años, según relató la consejera de Economía. También se fomentaría el alquiler de apartamentos, pisos con derecho a compra, de forma que durante los 10 primeros años, por ejemplo, el comprador pagaría una cuota reducida que se computaría como entrada.

Todos estos instrumentos y las condiciones de la convocatoria pública para conocer el stock de viviendas se abordarán la próxima semana en una reunión entre la Junta y los agentes sociales.

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Una respuesta a La Junta emplaza a promotores y bancos a aclarar las casas sin vender

  1. julian fresteneda dijo:

    Bueno, navegando por la red me he encontrado con este blog en el que se comentan muchas cosas interesantes sobre temas inmobiliarios. Me ha parecido un buen lugar para dejar mi comentario, puesto que mis jefes han sugerido velar y echar tierra sobre lo que aquí voy a contar. Desde luego me he embarcado en esta pequeña odisea que va a consistir en echar un jarro de agua fría sobre los desgraciados sin escrúpulos que anidan en este país y dar una pequeña esperanza a todos aquellos que esperan un cambio claro de rumbo por parte de las instituciones.

    Un rumor que ya se ha convertido en filtración, proveniente del tambaleante ministerio de vivienda (en concreto de la antigua subdirección general de urbanismo), parece indicar que la actual administración va a lanzar un plan de choque (proyecto de ley) de la propiedad inmobiliaria en breve.

    Para el común de los mortales, esto puede sonar a la misma cantinela de siempre, pero cuando se piensa en el verdadero trasfondo de la medida, uno se da cuenta de que tiene que ser una filtración fidedigna y de un calado sin precedentes en la historia reciente de nuestra democracia.

    Este plan en líneas generales consistiría en nacionalizar de forma legal todo aquel suelo construido o sin construir, cuyo estado sea de abandono privado o administrativo y reconducirlo en actividades que promuevan una vivienda digna para el conjunto de ciudadanos. Esto incluye, construcción de viviendas de alquiler y compra protegidas como hasta ahora, pero con la importante particularidad (y este es realmente el jarro de agua fría) de que estas viviendas se regirán por un estatuto cooperativista siendo en ultima instancia el estado el único propietario del suelo habitado o utilizado para fines comerciales.

    Este sistema ya funciona en algunos países nórdicos y europeos y provoca que el precio del m2 de las viviendas destinadas para alquiler o venta (en este caso en usufructo vitalicio del propietario) este muy por debajo de las cotas actuales de mercado.

    Esta iniciativa se puso en marcha hace algunos años en Barcelona en forma de cooperativas de viviendas privadas sin darle demasiado bombo y platillo extendiéndose en los últimos tiempos a otras ciudades como Madrid.

    Esto será un duro golpe para la industria del ladrillo, pero ya era hora de que nuestros políticos se dieran cuenta de que en este país el derecho a una vivienda digna ha sido violado a lo largo de los últimos años.

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