Las viviendas deberán tener más de 30 metros para recibir dinero del Gobierno.

La ministra Beatriz Corredor se reunirá hoy con comunidades autónomas y agentes sociales para presentar el documento que marcará la política de vivienda de los próximos cuatro años. Entre otras novedades, el plan que supone la puesta de largo política de Corredor amplía el número de personas que se pueden beneficiar de la ayuda directa para la compra de vivienda, impide que el dinero del Estado vaya a parar a pisos con menos de 30 metros y apuesta por el alquiler con opción a compra, una modalidad proscrita por el Gobierno en la anterior legislatura.

El borrador del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 flexibiliza los requisitos para acceder a la ayuda directa a la entrada (AEDE), destinada a las familias con rentas más bajas. Pero si hasta ahora sólo podían recibir los 4.000 euros que da el Estado los que ganen menos de 3,5 veces el IPREM al año, ahora se abrirá un poco el abanico, hasta 4,5.

Esta ensalada de cifras significa que los que ganan menos de 27.913 euros al año podrán embolsarse este dinero, mientras que hasta ahora sólo lo recibían las familias con ingresos inferiores a 21.710. La ayuda estatal de 4.000 euros puede llegar hasta un máximo de 11.200 en función de la renta y del número de hijos que tengan los beneficiarios. El Gobierno se mete además en materias en las que hasta ahora no había entrado. Por ejemplo, entra en el polémico tema de los minipisos para decir que las comunidades podrán hacer lo que quieran… pero no con su dinero. Porque con el nuevo plan las viviendas que se beneficien de las arcas estatales deberán tener un mínimo de 30 metros cuadrados si viven una o dos personas. Y contar con 15 metros más por cada uno que entre a vivir en el piso. Las comunidades son ahora libres para imponer un número mínimo de metros. O, si lo desean, no establecer ningún requisito.

La apuesta por el alquiler con opción a compra supone un cambio frente a lo que el Gobierno había defendido en la anterior legislatura. El PSOE ya anticipó este viraje en el programa con el que se presentó en marzo a las elecciones generales, que incluía esta modalidad, que la Comunidad de Madrid ya había puesto en marcha en 2005.

Otro de los cambios más destacados es la creación de un registro regional donde se inscriban los demandantes de vivienda protegida. Este listado, con el que el ministerio pretende combatir el fraude en las ayudas, ya existe en algunas autonomías, como Murcia, Galicia, Aragón y las dos Castillas, pero despierta ampollas en otras que no lo tienen, como Madrid. Esta iniciativa persigue, según el borrador, garantizar “la adjudicación de las viviendas protegidas según los principios de igualdad, concurrencia y publicidad, bajo control de la Administración pública”.

El registro en el que se inscribirán todos los que quieran solicitar ayudas a la vivienda supone una novedad sólo a medias, porque el anterior plan ya lo mencionaba. Pero nunca se puso en marcha en toda España, a pesar de los compromisos del anterior Gobierno. La diferencia ahora es que el ministerio se impone un plazo a sí mismo: en un año tendrá que estar en funcionamiento en todas las autonomías.

Desde Madrid se ve esta iniciativa como algo innecesario y que sólo va a contribuir a aumentar el papeleo. Y agentes del colectivo de las cooperativas de vivienda también critican la creación de listados interminables, que sólo generarán frustración por no poder dar respuesta a todos los demandantes.

El ministerio quiere evitar encontrarse con familias que no pueden pagar su casa, por lo que el borrador da una señal de aviso a las autonomías. “Las comunidades habrán de tener en cuenta que el esfuerzo económico medio de los demandantes de viviendas acogidas al Plan Estatal en cada municipio no debiera superar la tercera parte de los ingresos”. Fuentes del ministerio señalan que se trata de una mera recomendación a las comunidades, no de una imposición.

Los compradores de pisos grandes también podrán recibir ayudas a partir de 2009. Porque si el anterior plan excluía las casas de más de 90 metros cuadrados, el nuevo acepta financiarlas, pero sólo en la parte proporcional de esos 90 metros. El resto correrá a cargo del beneficiario.

La isla de Ibiza y la costa de Gerona y Guipúzcoa encabezan las áreas españolas más caras para el alquiler de apartamentos en primera línea de mar, con un precio que supera los 4.000 euros para viviendas de 65 metros cuadrados.

El precio medio en agosto en España por alquiler de apartamentos en primera línea de playa es de 2.400 euros al mes, de acuerdo a ese estudio.

El estudio, que ofrece la media por localidades, constata la dispersión de los precios en algunos lugares como en Mallorca, donde los alquileres oscilan entre los 1.420 euros al mes por un apartamento de 65 metros cuadrados en Alcudia y los 4.940 euros en el puerto de Sóller.

Los precios, que varían según la superficie, la tipología o las prestaciones de la urbanización, van en España desde los 812 euros al mes que se pagan en la playa de San Ciprián (Lugo) por un apartamento de 65 metros cuadrados, hasta los 5.200 euros al mes por una vivienda de igual superficie en San Sebastián.

Según el estudio, los precios más altos de la costa se localizan en Gerona, Guipúzcoa e Ibiza, mientras que las playas más asequibles, con precios inferiores a los 2.000 euros al mes, están en las provincias de Granada, Málaga, Almería, Valencia, Tenerife y Murcia.

Asturias, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Castellón, Huelva, Las Palmas, Mallorca o Pontevedra mantienen precios medios, entre los 2.000 y los 3.000 euros al mes.

En caso de que, finalmente, las familias no puedan satisfacer el resto de la cuota aplazada, el Estado garantizará estas cantidades a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas para apoyar a los parados y a las familias ante la crisis que atraviesa la economía española, aunque ha dejado fuera algunas de las que ya había anunciado porque no contaban con el ‘visto bueno’ y el apoyo de los sindicatos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno ha aprobado estas medidas porque sigue trabajando bajo los parámetros de actuar con ‘contundencia responsabilidad y determinación’ contra la crisis económica.

Afirmó que el conjunto de medidas aprobado hoy son fruto del acuerdo en el seno del diálogo social y de carácter ‘eminentemente social’ y de apoyo a las familias españolas y a la protección de los desempleados. Asimismo, adelantó que a estas medidas les sucederán otras, ‘las necesarias’, para reactivar la economía y el empleo y ofrecer más protección a los desempleados.

En concreto, y tal como anunció el pasado lunes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo ha aprobado la moratoria de dos años a los parados en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales, a partir del 1 de enero de 2009.

Esta medida, de la que se beneficiarán unas 500.000 familias, supone el aplazamiento de la obligación del pago del 50% de la cuota mensual hipotecaria durante 24 mensualidades, mientras que las cantidades aplazadas, el otro 50% de la cuota, se compensarán a partir del 1 de enero de 2011 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para la satisfacción de la hipoteca, con el límite máximo de 10 años. 

En caso de que, finalmente, las familias no puedan satisfacer el resto de la cuota aplazada, el Estado garantizará estas cantidades a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
 

Los beneficiarios de esta moratoria deberán estar parados o pasar a estarlo con anterioridad al 1 de enero de 2010 y tener derecho a prestación, o ser trabajadores autónomos con cargas familiares que hayan cerrado su negocio o acrediten pérdidas que reduzcan sus ingresos a tres veces el IPREM, así como pasar a ser pensionistas de viudedad con cargas familiares.

Además, para beneficiarse de esta moratoria temporal y parcial, deben ser titulares de una hipoteca concertada antes del 1 de septiembre de 2008 y por un importe inferior a 170.000 euros, y sólo en el caso de adquisición de vivienda habitual o primera vivienda. 

Junto con la moratoria en el pago de las hipotecas, se prorrogará en dos años, hasta un total de seis, la fecha de vencimiento de las cuentas ahorro-vivienda, pero se mantendrá en cuatro años la posibilidad de practicarse deducción. 

Esta ampliación excepcional, que expirará el 31 de diciembre de 2010, beneficiará a los contribuyentes con cuentas vivienda que concluyeran en 2008, 2009 y 2010, quienes tendrán que materializar la adquisición de vivienda antes de esa fecha. El Gobierno estima que son un total de 180.000 ciudadanos los afectados.

Además, el Gobierno ha aprobado un plazo adicional para vender la vivienda habitual cuando previamente se hubiera adquirido otra. En este momento, para que la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de la vivienda habitual esté exenta de tributar, es necesario reinvertir el importe obtenido en la adquisición de una vivienda en los dos años anteriores o posteriores a dicha transmisión. 
Sin embargo, las actuales condiciones del mercado están provocando que muchas familias que han adquirido una vivienda con la previsión de ender posteriormente su vivienda habitual, tengan dificultades para deshacerse de ésta. 

Para que estas familias no se vean perjudicadas fiscalmente, el Gobierno ha decidido ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, a expensas de que en dicho periodo mejore la situación económica. Así, las viviendas adquiridas en 2006, 2007 y 2008, con anterioridad a la transmisión de la vivienda habitual, serán válidas para reinvertir el importe obtenido con ocasión de esta última.

El Ejecutivo ha aprobado tomar en consideración la deducción por inversión en vivienda habitual para el cálculo de la retención del IRPF, circunstancia que ahora no se tenía en cuenta.

En concreto, se minorará el porcentaje de retención del IRPF de aquellos contribuyentes que obtienen rentas del trabajo por un importe inferior a los 33.000 euros anuales y que estén pagando su vivienda habitual con financiación ajena, siempre que así lo soliciten. 

Esta medida supondrá una disminución de dos puntos en el tipo de retención y beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes, que tendrán a su disposición en torno a 2.000 millones de euros de liquidez de forma anticipada.

En cuanto al paquete de medidas sobre empleo y contratación, de las cuatro que anunció el Gobierno, sólo han aprobado dos, pues el resto se quieren seguir negociando con los sindicatos, que todavía no han dado su aprobación.

El Ejecutivo ha dado vía libre a una nueva bonificación de 1.500 euros anuales para incentivar en las empresas la contratación indefinida de parados con cargas familiares. Esta bonificación, que podrá realizarse a través de cualquier modalidad de contrato fijo (ordinario o de fomento del empleo), será la más elevada de las existentes, a excepción de las dirigidas a las personas con discapacidad.

La otra medida que se ha aprobado es la ampliación del 40% al 60% del porcentaje de la prestación por desempleo que los parados pueden capitalizar para convertirse en trabajadores por cuenta propia.

Las otras dos iniciativas anunciadas que no se han aprobado consisten en bonificar a aquellas empresas que creen empleo en sectores emergentes, como la I+D+i o las energías renovables, y en la regulación de la actividad de las empresas de recolocación en los expedientes de regulación de empleo.

El Gobierno calcula que el coste de las medidas para impulsar el empleo y la contratación en un momento como el actual alcanzará unos 170 millones de euros para 2009 y 2010 y que se beneficiarán de ellas cerca de 500.000 personas en los dos próximos años.

300.000 familias podrían verse beneficiadas del proyecto que el Gobierno negocia con entidades financieras

Las entidaes financieras, tras los repuntes en la morosidad, ven con buenos ojos los planes del Ejecutivo. Algunas empresas como Caixa Catalunya y Cajastur ya han aprobado por su cuenta moratorias para determinados préstamos.

La propuesta barajada, todavía sin perfilar, forma parte de un gran paquete de cambios que prepara y aplicará el Gobierno ante la crisis. En él figuran medidas de diversa índole, incluidas las laborales que se abordan en la mesa del diálogo social (ámbito de debate y negociación entre el Ejecutivo y las principales patronales y sindicatos), como el incentivo de 1.500 euros al año para la contratación de desempleados con cargas familiares o la incorporación de la empresa privada a la recolocación de los desocupados, propuestas que, por otro lado, no han satisfecho a los agentes sociales.

El hecho de que los parados que no puedan afrontar el pago de su hipoteca dispongan de cierto ‘respiro’ exige un control muy fuerte de la medida.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió que no estaba dispuesta a confirmar nada e insistió simplemente en que el gabinete de Rodríguez Zapatero trabaja en una serie de proyectos para afrontar el declive económico y la delicada situación de los ciudadanos más perjudicados. Posteriormente, señaló que las reformas urgen y que las modificaciones se adoptarán en breve.

La todavía hipotética ayuda a los parados endeudados se sumaría a otra disposición, aprobada a primero de año, consistente en la prolongación de la vida de la hipoteca, siempre que el banco o la caja lo acepte, sin coste adicional para su titular. No obstante, esta posibilidad no ha tenido éxito.

Más recientemente, el vicepresidente segundo y responsable de Economía, Pedro Solbes, comunicó la intención del Gobierno de prorrogar de cuatro a seis años el plazo durante el que se pueden aprovechar los fondos de las cuentas ahorro-vivienda para la compra de un piso sin perder las bonificaciones fiscales acumuladas. Pero tampoco despejó cuál será el procedimiento empleado para la reforma ni en qué momento entrara en vigor.Según las fuentes, esta propuesta no se va a discutir en la mesa del diálogo social del mercado laboral, sino que, posiblemente, se analice en la de industria.

Los sindicatos están dispuestos a apoyar esta medida, porque están muy «preocupados» por buscar fórmulas que solucionen el problema del «flujo del crédito de los bancos hacia las familias». Trabajo ha entregado a los interlocutores sociales tres bloques de medidas, uno de ellos en relación con las políticas activas de fomento del empleo estable o la capitalización del desempleo para facilitar el trabajo autónomo.